Cuando leí la nota sobre el arbitraje de Silver Bull vs. México, me remonté a la historia del proyecto Sierra Mojada en Coahuila. Imaginé cómo algunas comunidades locales podrían ver hoy ese conflicto resonando en decisiones de futuro sobre inversiones mineras. Porque esto no es solo un pleito legal: es un pulso entre el inversionista extranjero, el Estado mexicano y el marco de reglas que rige la protección de capitales privados.
El 10 de octubre de 2025 concluyó la audiencia de cinco días en Washington, D.C., como parte del procedimiento que Silver Bull inició contra México bajo los tratados USMCA y el extinto NAFTA. México figura como Estado demandado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID). La razón principal: un bloqueo ilegal impuesto en el proyecto Sierra Mojada desde septiembre de 2019, el cual Silver Bull califica como arbitrariedad estatal que ha afectado gravemente su inversión.
Tras esa audiencia, el tribunal arbitral instruyó a ambas partes entregar sus briefs post‑audiencia antes del 21 de noviembre de 2025, y presentar sus argumentos sobre costos hasta el 5 de diciembre de ese año. Luego de esas entregas, el tribunal cerrará el proceso y emitirá su laudo lo antes posible.
Silver Bull contrató a la firma internacional Boies Schiller Flexner LLP, con respaldo financiero de Bench Walk Advisors LLC, que puede aportar hasta 9.5 millones de dólares para sostener el litigio.
La disputa se origina en la notificación que Silver Bull presentó el 2 de marzo de 2023, advirtiendo al Estado mexicano que consideraba iniciar arbitraje por violaciones de NAFTA/USMCA: expropiación indirecta, falta de trato justo y equitativo, y denegación de protección a sus inversiones. Aunque hubo un intento de diálogo en 2023 con funcionarios en la Ciudad de México el 30 de mayo, no se logró acuerdo antes del vencimiento del plazo legal para negociaciones, el 2 de junio.
Según Silver Bull, las autoridades mexicanas permitieron que el bloqueo continuara, lo cual consideran una omisión grave que vulnera los estándares de trato justo, trato nacional y nación más favorecida.
El activo en disputa, Sierra Mojada, constituye la única propiedad de Silver Bull. Se trata de un depósito superficial de óxidos con recursos medidos e indicados de 70.4 millones de toneladas con ley promedio de 3.4 % de zinc y 38.6 g/t de plata, lo que se traduce en aproximadamente 5 350 millones de libras de zinc y 87.4 millones de onzas de plata contenidas.
Dentro de ese volumen global hay una zona de alto grado de zinc (13.5 millones de toneladas al 11.2 % Zn) y una zona de alto grado de plata (15.2 millones de toneladas al 114.9 g/t Ag). La mineralización sigue abierta hacia el este, oeste y norte.
Desde el punto de vista jurídico y empresarial, este caso podría convertirse en referencia para futuros enfrentamientos entre compañías mineras y gobiernos latinoamericanos. Si el tribunal falla a favor de Silver Bull, México podría estar obligado a indemnizar cuantiosas sumas, lo cual genera presión política para evitar precedentes perjudiciales. Pero si el laudo favorece al Estado, eso podría empoderar tácticas de bloqueo o regulación agresiva por parte de gobiernos locales sobre concesiones mineras.
Personalmente, veo este caso como una encrucijada: México debe salvaguardar el derecho soberano a regular minera e infraestructura, pero al mismo tiempo asegurar que los inversores cuenten con certeza regulatoria. Un desbalance podría alejar capitales críticos para el desarrollo regional. Si el Estado cede en imponer bloqueos arbitrarios sin consecuencias, sendas inversiones futuras podrían verse comprometidas. Por otro lado, un laudo adverso a México no puede servir de “cheque en blanco” para que empresas evadan controles ambientales o sociales. El camino ideal es un punto medio: el Estado garantiza marco claro y responsable, y los inversionistas respetan obligaciones locales.
Este caso es un alerta para gobiernos latinoamericanos que pretenden reforzar controles minerales sin considerar que las inversiones operan en un sistema global de tratados. México está en una encrucijada jurídico‑política, y el veredicto —que puede llegar para finales de 2025 o principios de 2026— tendrá implicaciones más allá de Sierra Mojada.Cuando leí la nota sobre el arbitraje de Silver Bull vs. México, me remonté a la historia del proyecto Sierra Mojada en Coahuila. Imaginé cómo algunas comunidades locales podrían ver hoy ese conflicto resonando en decisiones de futuro sobre inversiones mineras. Porque esto no es solo un pleito legal: es un pulso entre el inversionista extranjero, el Estado mexicano y el marco de reglas que rige la protección de capitales privados.
El 10 de octubre de 2025 concluyó la audiencia de cinco días en Washington, D.C., como parte del procedimiento que Silver Bull inició contra México bajo los tratados USMCA y el extinto NAFTA. México figura como Estado demandado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID). La razón principal: un bloqueo ilegal impuesto en el proyecto Sierra Mojada desde septiembre de 2019, el cual Silver Bull califica como arbitrariedad estatal que ha afectado gravemente su inversión.
Tras esa audiencia, el tribunal arbitral instruyó a ambas partes entregar sus briefs post‑audiencia antes del 21 de noviembre de 2025, y presentar sus argumentos sobre costos hasta el 5 de diciembre de ese año. Luego de esas entregas, el tribunal cerrará el proceso y emitirá su laudo lo antes posible.
Silver Bull contrató a la firma internacional Boies Schiller Flexner LLP, con respaldo financiero de Bench Walk Advisors LLC, que puede aportar hasta 9.5 millones de dólares para sostener el litigio.
La disputa se origina en la notificación que Silver Bull presentó el 2 de marzo de 2023, advirtiendo al Estado mexicano que consideraba iniciar arbitraje por violaciones de NAFTA/USMCA: expropiación indirecta, falta de trato justo y equitativo, y denegación de protección a sus inversiones. Aunque hubo un intento de diálogo en 2023 con funcionarios en la Ciudad de México el 30 de mayo, no se logró acuerdo antes del vencimiento del plazo legal para negociaciones, el 2 de junio.
Según Silver Bull, las autoridades mexicanas permitieron que el bloqueo continuara, lo cual consideran una omisión grave que vulnera los estándares de trato justo, trato nacional y nación más favorecida.
El activo en disputa, Sierra Mojada, constituye la única propiedad de Silver Bull. Se trata de un depósito superficial de óxidos con recursos medidos e indicados de 70.4 millones de toneladas con ley promedio de 3.4 % de zinc y 38.6 g/t de plata, lo que se traduce en aproximadamente 5 350 millones de libras de zinc y 87.4 millones de onzas de plata contenidas.
Dentro de ese volumen global hay una zona de alto grado de zinc (13.5 millones de toneladas al 11.2 % Zn) y una zona de alto grado de plata (15.2 millones de toneladas al 114.9 g/t Ag). La mineralización sigue abierta hacia el este, oeste y norte.
Desde el punto de vista jurídico y empresarial, este caso podría convertirse en referencia para futuros enfrentamientos entre compañías mineras y gobiernos latinoamericanos. Si el tribunal falla a favor de Silver Bull, México podría estar obligado a indemnizar cuantiosas sumas, lo cual genera presión política para evitar precedentes perjudiciales. Pero si el laudo favorece al Estado, eso podría empoderar tácticas de bloqueo o regulación agresiva por parte de gobiernos locales sobre concesiones mineras.
Personalmente, veo este caso como una encrucijada: México debe salvaguardar el derecho soberano a regular minera e infraestructura, pero al mismo tiempo asegurar que los inversores cuenten con certeza regulatoria. Un desbalance podría alejar capitales críticos para el desarrollo regional. Si el Estado cede en imponer bloqueos arbitrarios sin consecuencias, sendas inversiones futuras podrían verse comprometidas. Por otro lado, un laudo adverso a México no puede servir de “cheque en blanco” para que empresas evadan controles ambientales o sociales. El camino ideal es un punto medio: el Estado garantiza marco claro y responsable, y los inversionistas respetan obligaciones locales.
Este caso es un alerta para gobiernos latinoamericanos que pretenden reforzar controles minerales sin considerar que las inversiones operan en un sistema global de tratados. México está en una encrucijada jurídico‑política, y el veredicto —que puede llegar para finales de 2025 o principios de 2026— tendrá implicaciones más allá de Sierra Mojada.
