En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, y el titular de la cartera Educación, Morgan Quero Gaime, expusieron los recursos asignados a sus sectores para el año fiscal 2026.

En ese sentido, congresistas de diversas bancadas plantearon observaciones, alertaron sobre brechas y pidieron precisiones respecto a la distribución y ejecución de fondos.

La congresista Digna Calle (PP) cuestionó que se minimice la gravedad de los pasivos ambientales mineros y consultó por los recursos destinados al cierre de estos sitios contaminados. En tanto, Eduardo Castillo (FP) demandó información sobre el sistema para la pequeña minería y la minería artesanal, que aún no cuenta con presupuesto definido.

El presidente de la comisión, Alejandro Soto (APP), reclamó que el gas de Camisea no llegue al Cusco pese a estar ubicado en esa región y denunció el abandono del Gasoducto Sur Peruano.

Por su parte, Nelcy Heidinger (APP) expresó su preocupación por los pasivos ambientales en Pasco; Germán Tacuri (JP-VP-BM) lamentó que no haya presupuesto para la masificación del gas en Ayacucho, y Eduardo Salhuana (APP) solicitó detalles sobre proyectos de electrificación rural en Madre de Dios y otros centros poblados del país.

En razón a ello, el ministro Montero informó que el presupuesto para la remediación de pasivos ambientales pasará de 47 millones de soles en 2025 a 120 millones en 2026, lo que permitirá atender casos de alto impacto como Carhuacayán.

Sobre la minería ilegal, precisó que se trata de actividades delictivas que serán combatidas con un enfoque articulado con los sectores interior y agricultura. En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, explicó que los bienes vinculados al proyecto están sujetos a arbitrajes internacionales y que el Estado solo podrá disponer de ellos cuando concluyan dichos procesos.
Adelantó que se desarrollará un programa de masificación de gas natural licuado en Cusco, con la instalación de 13 plantas, una en cada capital provincia, para asegurar el abastecimiento progresivo en la región.