El silencio en la región de Maru, en el estado nigeriano de Zamfara, ha sido reemplazado por los gritos de dolor de familiares y los esfuerzos desesperados de los rescatistas. Una tragedia sacudió el sitio minero de Kadauri, donde se estima que al menos 100 personas murieron tras el colapso de un pozo de oro operado de manera artesanal. Esta zona, explotada por años sin control, combina pobreza, violencia e informalidad extrema.

El derrumbe ocurrió el jueves por la tarde, cuando decenas de mineros trabajaban en condiciones sumamente precarias. A medida que la tierra se vino abajo, muchos quedaron atrapados a gran profundidad. Hasta la mañana del viernes, solo se habían recuperado 13 cuerpos sin vida. Algunos rescatistas también perdieron la vida intentando llegar a las víctimas, enfrentando peligros como derrumbes secundarios y falta de oxígeno.

Isa Sani, uno de los pocos sobrevivientes, contó a la agencia Reuters que solo una quincena de trabajadores logró escapar. Él mismo resultó herido y se encuentra bajo tratamiento. La cifra de muertos podría seguir aumentando, ya que las labores de rescate continúan con herramientas rudimentarias, sin maquinaria especializada ni apoyo técnico adecuado.

Sanusi Auwal, un residente local que participa en las tareas de rescate, reconoció entre los fallecidos a su propio primo. Describió escenas desgarradoras: cuerpos atrapados bajo la tierra, gritos que se apagan con el tiempo y una comunidad completamente golpeada por una tragedia que, aunque brutal, no resulta sorprendente.

La minería artesanal en Zamfara lleva años operando en la informalidad, sin control estatal y, muchas veces, bajo la supervisión de grupos armados que se lucran con la venta ilegal del oro. Esta actividad representa una fuente de ingreso vital para miles de familias, pero también un riesgo constante para sus vidas, dadas las condiciones peligrosas en las que se trabaja.

Ya en 2010, la región había sido noticia internacional por un brote de intoxicación por plomo vinculado a la minería artesanal que causó la muerte de más de 400 niños. Aunque el gobierno prometió entonces una reforma integral del sector, la realidad en 2025 sigue siendo la misma: condiciones laborales inhumanas, accidentes frecuentes y un sistema que permite que el oro extraído termine en mercados internacionales sin dejar beneficios reales a las comunidades locales.

La Asociación de Mineros de Zamfara, a través de su portavoz Muhammadu Isa, confirmó el incidente y expresó preocupación por la seguridad de los trabajadores. También lamentó la muerte de algunos rescatistas que fallecieron asfixiados mientras intentaban recuperar cuerpos entre los escombros.

Las autoridades estatales, hasta el momento, no han emitido un pronunciamiento oficial. La policía local tampoco ha respondido a los pedidos de información. Este silencio institucional agrava la incertidumbre y desesperación de las familias que aún esperan saber si sus seres queridos están vivos o muertos.

Este nuevo desastre debería obligar a las autoridades nigerianas a actuar. Es urgente establecer una estrategia nacional que regule la minería artesanal, formalice a sus trabajadores y garantice su seguridad. La minería no debe seguir siendo una condena de muerte. Con voluntad política, apoyo técnico e inversión social, Nigeria puede transformar esta actividad en una vía legítima de desarrollo para comunidades como las de Zamfara.