El pulso de la minería boliviana volvió a sentirse con fuerza en La Paz, donde miles de trabajadores estatales marcharon desde Oruro y Potosí para exigir el fin de las ocupaciones ilegales en yacimientos operados por el Estado. La movilización fue una expresión masiva de frustración frente a un problema crónico que continúa sin soluciones concretas.

Durante la jornada, la protesta se hizo sentir con fuerza. Detonaciones de dinamita marcaban el ritmo de la marcha, no como una amenaza, sino como una advertencia simbólica del peso que aún tiene el movimiento minero. En seis cuadras del centro paceño, una sola consigna se impuso: “¡Basta de avasallamientos!”. No hubo enfrentamientos ni violencia, pero el mensaje fue rotundo.

Los manifestantes pertenecían principalmente a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), una organización con profundo arraigo histórico en el país. Con cascos desgastados y banderas en alto, exigieron no solo protección para sus empleos, sino también respeto por el modelo estatal de explotación minera que aún sostiene gran parte de la economía nacional.

El conflicto, sin embargo, no es reciente. Las minas administradas por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) han sido constantemente invadidas por cooperativas privadas que, en teoría, tienen áreas designadas para su operación. Aunque la ley sanciona estas tomas ilegales, la falta de control efectivo ha permitido que persistan como una práctica común.

Los yacimientos de plata, zinc y estaño, especialmente en regiones como La Paz, Oruro y Potosí, han sido objeto de ocupaciones recientes, según denuncias recogidas en la protesta. Esta situación no solo amenaza la estabilidad laboral de miles de mineros, sino que también reduce los ingresos que el Estado obtiene por la actividad minera formal.

“Estamos aquí para proteger nuestro trabajo y frenar el juqueo”, dijo Armando Caja, minero con más de tres décadas en la mina de Karachipampa. El término «juqueo» se refiere al robo sistemático de minerales, una práctica arraigada en zonas donde el Estado tiene poca o nula presencia.

El Ministerio de Minería ha reiterado su política de «cero tolerancia al juqueo», aunque admitió no contar con datos actualizados sobre la magnitud de las ocupaciones. Esta ausencia de información evidencia la debilidad del monitoreo estatal en áreas estratégicas, a pesar de la riqueza mineral que albergan.

Desde dentro de Comibol, voces críticas señalan que muchos cooperativistas operan fuera de sus zonas asignadas, invadiendo áreas del Estado sin consecuencias. Esto ha convertido al modelo cooperativo, originalmente pensado como una vía de inclusión, en un actor que compite con desventaja para el sector público.

La cercanía de las elecciones presidenciales añade un componente político a esta disputa. Andrés Paye, dirigente minero, advirtió que cualquier nuevo gobierno deberá comprometerse con la defensa de los recursos estatales. En un país donde la minería ha sido motor de luchas sociales y transformaciones políticas, ignorar esta advertencia podría tener costos altos para la estabilidad nacional.