La minería ilegal sigue ganando terreno en la región de Puno ante la paralización del proceso de formalización minera, responsabilidad que recae en el Gobierno Central. De acuerdo con Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, la situación ha alcanzado niveles críticos. Aunque inicialmente más de 12,000 mineros estaban registrados en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), actualmente solo poco más de 4,000 mantienen su inscripción activa, lo que representa un retroceso significativo.
Esta reducción en el número de mineros formalizados ha generado un repunte de actividades ilegales, especialmente en zonas altamente sensibles como San Gabán y Carabaya. Chambilla advirtió que alrededor de 6,000 mineros han quedado fuera del sistema, lo que ha permitido la expansión de la minería informal sin ningún tipo de control ni regulación en estas áreas, muchas de ellas ambientalmente vulnerables.
El funcionario criticó directamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por la falta de avances concretos desde que asumió nuevamente la competencia de formalización, tras la aprobación de la Ley 32213. A seis meses de su entrada en vigor, aseguró que no se ha logrado formalizar a ningún nuevo operador, lo que está profundizando la crisis en el sector y debilitando los esfuerzos regionales para contener la ilegalidad.
Pese a este escenario, la Dirección Regional de Energía y Minas continúa desarrollando operativos de fiscalización ambiental con los recursos disponibles. Durante lo que va del año 2025, se han emitido más de un centenar de resoluciones, además de aplicar sanciones, suspensiones y multas a operadores ilegales, con el fin de reducir los impactos sobre la cuenca del río Ramis, una de las más afectadas por la contaminación minera en el país.
La creciente expansión de la minería ilegal, sumada a la falta de avances en la formalización, está generando preocupación en las comunidades locales. Dirigentes y pobladores advierten que la ausencia de regulación no solo agrava los daños ambientales, sino que también pone en riesgo la salud pública y compromete la sostenibilidad económica de muchas familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
