Tras 25 años de actividad minera en Perú, que la posicionan entre las 10 principales productoras de cobre a nivel mundial, Antamina inició un ambicioso proyecto para extender la vida útil de su operación en la región de Áncash hasta 2036, con una inversión superior a los US$ 2,000 millones. Esta iniciativa se concretó luego de que la empresa obtuviera en febrero de 2024 la aprobación de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), después de casi cuatro años de espera tras su presentación al Gobierno peruano.
Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Medio Ambiente de Antamina, explicó que el proyecto busca optimizar los componentes mineros existentes dentro de su actual área operativa, ubicada en el distrito de San Marcos. Esto incluye el complejo polimetálico de tajo abierto, los botaderos y la presa de relaves, y la inversión se realizará por etapas para maximizar el aprovechamiento de estos activos.
Antamina es un joint venture conformado por BHP (33.75%), Glencore (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%). La compañía se dedica a la producción de concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, consolidándose como un actor clave en la minería peruana.
Según los reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y junio de 2025, Antamina produjo 166,512 toneladas métricas finas (TMF) de cobre, lo que representa una caída del 26% respecto al mismo periodo de 2024. Este descenso llevó a la empresa al cuarto lugar entre los principales productores locales, con una participación del 12.5% en la producción nacional de cobre.
Representantes de Antamina aseguraron que el proyecto en marcha busca mantener los niveles de producción y asegurar la continuidad operativa. Tras la aprobación del MEIA, la compañía ha ido gestionando progresivamente las licencias y permisos sectoriales necesarios, y actualmente la iniciativa ya se encuentra en etapa de construcción.
Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y exministra de Economía y Finanzas, criticó el largo proceso de aprobación del MEIA, que tomó cuatro años. Señaló que esta demora ha afectado la capacidad de inversión y producción de la empresa, complicando la sostenibilidad a largo plazo.
Aunque el proyecto contempla extender la vida útil de la mina hasta 2036, Antamina realiza estudios para evaluar la posibilidad de operar más allá de esa fecha. “No tenemos planes de cierre ni a corto ni a mediano plazo”, afirmó Sifuentes. Sin embargo, Cooper destacó que la empresa enfrenta desafíos sociales importantes, especialmente en la ejecución de proyectos bajo el esquema de Obras por Impuestos (OxI), con varios aún pendientes en su área de influencia.
Finalmente, Cooper reconoció que las demoras en proyectos sociales no se deben solo a trámites, sino a la falta de instituciones sólidas y la existencia de procesos burocráticos adicionales que ralentizan su ejecución. También mencionó que la convivencia con las comunidades locales representa un reto constante, requiriendo negociaciones periódicas que a veces se desarrollan en ambientes de tensión, pero que son fundamentales para la continuidad de las operaciones.
