Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas, advirtió en una entrevista con RPP que la minería ilegal asociada al oro representa actualmente un riesgo crítico para el país, no solo por su impacto económico, sino por su capacidad de generar violencia y corrupción a gran escala. «Hoy mueve más dinero que el narcotráfico», alertó, y advirtió que, de no tomarse acciones contundentes, el Perú podría enfrentarse a una situación similar a la que vive México con el cartel de Sinaloa.

El exministro citó ejemplos recientes de violencia como los ocurridos en Pataz y Trujillo, donde bandas armadas han atacado minas y cometido actos similares a los de grupos terroristas. “Derriban torres de alta tensión como en la época de Sendero Luminoso. Entran a las minas armados con fusiles, asesinan trabajadores, roban mineral. Ya hay atentados con explosivos en zonas urbanas”, describió. A su juicio, esto refleja una claudicación del Estado frente a organizaciones criminales.

Belaúnde también subrayó que este clima de inseguridad afecta gravemente las inversiones, especialmente porque se suma a la falta de seguridad jurídica y predictibilidad. “Este gobierno ha erosionado la confianza empresarial con cambios en el marco legal y tributario. Si no resolvemos el problema de la criminalidad, las inversiones que el Perú necesita no van a llegar”, enfatizó.

Además, explicó que el impacto no solo afecta al gran capital, sino también a la pequeña inversión, que es la principal generadora de empleo en el país. “La inversión que más mueve la economía es la del bodeguero que amplía su local, del emprendedor que abre un restaurante. A esa inversión también la está golpeando la extorsión y el sicariato”, advirtió.

Sobre el aporte del sector minero formal, Belaúnde afirmó que ha generado una “renta descomunal” para el Estado, con cerca de S/ 100 mil millones en los últimos cinco años. Sin embargo, criticó que ese dinero no ha tenido un impacto real en la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las minas. “Tenemos distritos con estadios que superan la población local, pero sin agua potable. El diseño actual del canon minero no ha cambiado vidas”, afirmó.

En ese contexto, propuso un nuevo modelo de distribución de la renta minera basado en tres pilares: empresa, Estado y ciudadano. “Una parte se la lleva la empresa que invierte, otra el Estado vía impuestos, pero también debe haber un beneficio directo para los ciudadanos de la zona”, explicó. Sugirió mecanismos como transferencias directas —un “cheque minero”— o el fortalecimiento de programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18 con fondos no ejecutados del canon.

Belaúnde también abogó por reformas sociales agresivas que acompañen a la inversión. “La historia demuestra que es la iniciativa privada la que genera riqueza, pero se necesita una agenda social firme que empodere al ciudadano y extienda el mercado a todo el país. Eso ha fallado en los últimos 30 años”, reconoció.

Finalmente, cuestionó la concentración de mercado y la falta de competencia en sectores clave como las AFP, la salud o los medicamentos. “El Congreso muchas veces legisla para los grupos de poder. Hay leyes a favor de la minería ilegal, exoneraciones tributarias injustificadas, y propuestas para seguir afectando al trabajador formal e independiente”, señaló. En su opinión, el modelo económico debe centrarse en el ciudadano como soberano del mercado, y no en proteger monopolios ni intereses corporativos.