Durante una entrevista en RPP, el especialista en minería Iván Arenas analizó el panorama legislativo en torno a la futura Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE). Según Arenas, es poco probable que la Comisión de Energía y Minas del Congreso apruebe los lineamientos enviados por el Ejecutivo, a pesar de que estos fueron elaborados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) como insumos clave para construir una propuesta técnica y ambientalmente sólida.
Arenas detalló que los lineamientos —elaborados por la Dirección General de Formalización Minera del Minem— abordan aspectos como el financiamiento a productores y los estudios de impacto ambiental, elementos que considera fundamentales. Sin embargo, lamentó que no se esté prestando suficiente atención a temas cruciales como los contratos de explotación, los cuales, según dijo, deberían estar al centro del debate legislativo.
El especialista también recordó que varios gremios de mineros informales han rechazado los lineamientos del Ejecutivo. Incluso mencionó que los congresistas Víctor Cutipa y Paúl Gutiérrez, quienes respaldaron previamente a estos gremios, ahora se enfrentan a un dilema político. “Cutipa acompañó a los mineros en sus protestas frente al Congreso y el Minem, pero ahora debe liderar una comisión que probablemente no recoja los puntos más importantes del Ejecutivo”, comentó Arenas.
Uno de los temas más sensibles es el de las concesiones mineras. Arenas explicó que muchos mineros informales exigen la reversión de concesiones actualmente en manos de terceros, con el objetivo de acceder a esos territorios de forma directa. Denuncian que los contratos de explotación —a menudo firmados por pocos años— no les garantizan estabilidad, ya que el titular de la concesión puede decidir no renovarlos.
No obstante, Arenas aclaró que el problema es más complejo de lo que aparenta. Señaló que más del 70% de las concesiones están en manos de pequeños y medianos empresarios, no de grandes mineras, y que existen más de 70 mil derechos mineros aún disponibles. Por ello, defendió la figura del contrato de explotación como una herramienta útil, siempre que se garantice seguridad jurídica para ambas partes.
Asimismo, el especialista advirtió sobre la existencia de un “mercado informal” de asesoría legal que muchas veces perjudica a los propios mineros. “Hay quienes se aprovechan del desconocimiento técnico para estafar a los pequeños productores. Lo que se necesita es que el minero tenga acceso a la información y a las herramientas para obtener su propio derecho habilitante”, subrayó. En su opinión, uno de los principales retos es educar y capacitar a los mineros para que puedan gestionar directamente estos procesos.
Finalmente, Arenas comentó que el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ha sido citado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Allí deberá presentar la postura del Ejecutivo y discutir un nuevo marco legal que reemplace al actual Reglamento de Formalización Minera (Reinfo). La cita será clave para determinar si hay voluntad política real de avanzar hacia una reforma que equilibre desarrollo, formalización y sostenibilidad en el sector minero artesanal y de pequeña escala.
