En lo profundo de la Amazonía peruana, el distrito de Shunte, ubicado en la provincia de Tocache (región San Martín), enfrenta una grave crisis ambiental y social. La minería ilegal, impulsada por el auge del precio del oro —que generó exportaciones ilícitas estimadas en US$6.840 millones solo en 2024— está devastando los ríos Huallaga y sus afluentes. Según reportes técnicos obtenidos por Vigilante.pe, el uso de mercurio contamina las aguas y obliga al desplazamiento de comunidades indígenas, entre ellas los awajún.
Ante este panorama, en julio pasado el gobernador regional Walter Grundel solicitó al Ejecutivo declarar en emergencia el distrito de Shunte, alertando sobre la llegada masiva de mineros ilegales procedentes de la zona de Pataz (La Libertad). Sin embargo, la respuesta del Estado se ha visto atrapada en procedimientos burocráticos, dejando en riesgo a 73 comunidades nativas y más de 220 cuerpos de agua amazónicos, de acuerdo con un informe reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo.
Aunque la minería ilegal no es un fenómeno nuevo en San Martín, su expansión desde 2020 ha generado preocupación creciente. En distritos como Chipurana, Huimbayoc y Santa Lucía, dragas y motobombas operan sin control, afectando a unas 15.000 personas en áreas rurales. La deforestación y la contaminación de fuentes hídricas han golpeado con fuerza a la agricultura —actividad económica central de la región— con pérdidas anuales estimadas en S/50 millones, según cifras de CooperAcción para 2024. A esto se suma que el 89,5% de los mineros inscritos en el proceso de formalización (REINFO) se encuentran suspendidos por incumplimientos, reflejando un sistema colapsado.
En un intento por responder, el Poder Judicial y el gobierno regional han anunciado medidas. En julio de 2025 se inauguró en Tarapoto un Juzgado Especializado en Delitos Ambientales, con el objetivo de agilizar los procesos contra la minería ilegal. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, destacó esta acción como un paso clave, aunque diversos actores advierten que la falta de fiscales especializados y la corrupción a nivel regional restan eficacia a la medida. Durante la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente en Moyobamba se acordó la creación de un Observatorio de Amenazas Ambientales, pero hasta ahora no cuenta con presupuesto ni plazos concretos.
A pesar de los operativos policiales, como los realizados en agosto de 2025 que resultaron en la incautación de bienes por S/29 millones en San Martín y otras regiones, el avance del crimen organizado sigue siendo preocupante. Diversos medios locales y publicaciones en redes sociales han vinculado las operaciones ilegales incluso con redes criminales internacionales como el Clan del Golfo. Mientras tanto, la falta de monitoreo satelital y datos actualizados dificulta una evaluación precisa del problema. Frente a esta situación, agricultores y comunidades se movilizaron en la II Cruzada por el Agua, exigiendo al Estado acciones concretas para proteger los ríos amazónicos.
Más allá de las respuestas judiciales y policiales, expertos sostienen que se requiere una reforma estructural. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo propone una nueva legislación para la minería artesanal, junto con sanciones más severas y proyectos sostenibles para disminuir la dependencia de comunidades vulnerables. Por su parte, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) ha planteado una alternativa centrada en resolver uno de los principales obstáculos: la superposición de derechos mineros sobre los suelos.
Actualmente, uno de los mayores desafíos para la formalización de la pequeña minería es que solo el 7 % de los mineros en el REINFO opera en concesiones propias, mientras que el 93 % trabaja sobre terrenos ya concesionados, lo que genera conflictos legales y desincentiva la legalidad. A esto se suma que apenas el 1,5 % del territorio nacional está en operación minera activa, debido a los altos costos de exploración y trámites complejos. Frente a esta realidad, la ACP propone el Programa MANA (Modelo de Asignación Nacional para la Artesanal), que busca habilitar nuevas zonas legales para la minería artesanal, con respaldo técnico, legal y financiero.
Este programa incluye medidas como la eliminación del REINFO, el uso de inteligencia artificial y monitoreo satelital para identificar zonas aptas, la creación de un Fondo Nacional de Exploración Básica (FONEXPLO) financiado por el canon minero y cooperación internacional, además de un proceso transitorio para que los mineros con contratos vigentes puedan migrar gradualmente a las nuevas áreas. También contempla simplificación administrativa, ventanillas únicas y la entrega de derechos temporales de explotación bajo criterios ambientales y tributarios estrictos. Según la ACP, el objetivo no es expandir la minería artesanal, sino ordenar la existente y romper el ciclo de informalidad que hoy alimenta el ecocidio en la Amazonía.
