En el Congreso ha ocurrido lo impensado. Sectores políticos que hasta hace poco eran adversarios irreconciliables hoy avanzan en paralelo hacia un mismo objetivo: reducir drásticamente el plazo de vigencia de las concesiones mineras improductivas u ociosas. Esta sorpresiva coincidencia entre castillistas y Renovación Popular ha derivado en la presentación simultánea de cuatro proyectos de ley que serán revisados en los próximos días por la Comisión de Energía y Minas.
Lo preocupante, según advierten expertos del sector, es que estas propuestas ignoran un hecho clave: poner en marcha una mina puede tardar entre 30 y 80 años, dependiendo del proyecto (ver recuadro). Aun así, los legisladores impulsan iniciativas que recortan los plazos para evaluar productividad a tan solo entre 3 y 20 años.
Tres de los proyectos provienen del entorno político del expresidente Pedro Castillo, actualmente preso en el penal de Barbadillo. El cuarto fue presentado por Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, partido liderado por el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas de intención de voto.
El primer proyecto castillista fue presentado por Pasión Dávila, del partido Todo con el Pueblo (TP), fundado por Castillo. Su propuesta, ingresada el 31 de octubre de 2024, busca revertir concesiones improductivas en apenas cinco años, un recorte extremo si se considera que la ley actual establece un plazo de 30 años.
La segunda propuesta, enviada el 5 de mayo de 2025, es de Paul Gutiérrez, exdirigente de la FENATEP en Apurímac y estrecho colaborador de Castillo. Plantea revertir concesiones improductivas al 70% en cinco años, y al 100% en solo tres. Actualmente, Gutiérrez integra la bancada de Somos Perú y fue presidente de la Comisión de Energía y Minas.
La tercera iniciativa, presentada el 2 de septiembre, corresponde a Roberto Sánchez, vocero de Juntos por el Perú y exministro de Comercio Exterior. Propone un plazo de 15 años de improductividad para revertir concesiones, y además impulsa la ampliación del controvertido Reinfo hasta 2027, una medida que favorecería a miles de mineros informales actualmente fuera del padrón.
En paralelo, se suman señales políticas claras: Juntos por el Perú planea postular al Senado a Pedro Castillo y otros siete nombres cercanos, entre ellos su hermana Irma, su sobrino Cledin Vásquez y la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se prepara para integrarse a esa bancada.
Desde el otro lado del espectro, Renovación Popular también entra en juego. El congresista Alejandro Muñante propone reducir el plazo de las concesiones improductivas de 30 a 20 años. Curiosamente, seis dirigentes de la Confederación Nacional de Mineros (Confemin), incluida su cabeza visible, Máximo Franco, eran militantes de RP. Ese gremio ha sido activo defensor del Reinfo, que ampara a 50,000 mineros informales.
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el trasfondo de todas estas iniciativas es claro: “Quieren abrir el camino a la informalidad. No buscan explorar, sino quedarse con las zonas donde ya se hizo inversión y se identificó el oro”. Paradójicamente, actores políticos que ayer se enfrentaban ferozmente, hoy coinciden en una agenda que podría beneficiar tanto a informales como a ilegales. ¿Populismo electoral en año preelectoral?
