El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, expresó su confianza en que el Congreso apruebe antes del 31 de diciembre la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), una propuesta que busca actualizar el marco normativo y establecer lineamientos claros para la formalización de este sector. La norma también busca ordenar la actividad bajo un régimen general, facilitando su fiscalización y sostenibilidad.

Castro recordó que el plazo para el proceso de formalización minera, conocido como Reinfo, vence el 31 de diciembre y adelantó que el Ejecutivo no tiene previsto otorgar una nueva prórroga. “No estamos ya en una posición para poder ampliar el proceso de formalización. Desde el gobierno hay una posición firme: el proceso debe concluir este año. No hay forma de proceder con una extensión”, enfatizó en una entrevista con Canal N.

En ese contexto, hizo un llamado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que acelere la evaluación y aprobación de la ley. “Esta nueva propuesta permitirá un manejo más ordenado de la pequeña minería y minería artesanal. Es momento de actuar con celeridad para darle un marco claro a una actividad que necesita reglas”, sostuvo.

Respecto al avance de la minería ilegal, el titular del Minam reconoció que los operativos actuales no son suficientes para frenar su expansión, ya que esta actividad está estrechamente relacionada con otras economías ilícitas como el narcotráfico. “Ambas se articulan y operan juntas, lo que hace mucho más compleja la intervención del Estado”, explicó.

Castro también advirtió que el alto precio del oro está incentivando el crecimiento de estas redes ilegales, especialmente en zonas con presencia estatal limitada. Esta situación ha dificultado las acciones de control y vigilancia. “El oro se ha valorizado, y eso genera más interés por esta actividad. Las interdicciones que se están haciendo no alcanzan el impacto esperado, por lo que estamos evaluando nuevas estrategias más efectivas”, señaló.

Finalmente, el ministro reiteró que el gobierno trabaja en un enfoque más integral para enfrentar la minería ilegal, que combine control territorial, fortalecimiento institucional y una regulación clara para diferenciar la actividad informal de la criminal. “Necesitamos golpear estas redes desde varios frentes a la vez”, concluyó.