Una muerte en el subsuelo siempre conmociona a una industria acostumbrada a operar en condiciones extremas, pero que jamás debería normalizar el riesgo. En julio pasado, seis trabajadores perdieron la vida en la emblemática mina El Teniente, en Chile, una operación bajo la gestión estatal de Codelco. Tras esta tragedia, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la autoridad minera del país, aumentó las exigencias para que la empresa pueda reanudar las actividades en las áreas afectadas.

El Teniente, ubicado bajo la cordillera de Los Andes en la región de O’Higgins, no es solo una mina; es un símbolo de la minería subterránea chilena y un pilar en la producción mundial de cobre. Con más de 3 mil kilómetros de túneles y una larga historia, representa la capacidad técnica del país. Sin embargo, el accidente reveló fallas no solo en la geología, sino también en los protocolos de seguridad, los cuales ahora están bajo estricta revisión.

Previo a esta nueva fase, Sernageomin había solicitado un análisis detallado de las causas del colapso, junto con un plan para la recuperación del área, reparaciones estructurales y la evaluación de los sistemas de fortificación utilizados. No obstante, un informe reciente difundido por Reuters indica que estas condiciones ya no serán suficientes para autorizar la reapertura.

Entre las nuevas medidas, Codelco deberá implementar un plan de monitoreo constante para evaluar la estabilidad y seguridad en todos los sectores subterráneos de El Teniente, no solo en los afectados directamente. Esto establece un nuevo estándar de fiscalización para la minería en Chile y, posiblemente, para otros países de la región.

Este cambio implica una relación distinta entre el regulador y la minera, orientada no solo a corregir problemas, sino a anticiparlos con un enfoque preventivo más sólido. Esto resulta crucial para Chile, principal productor mundial de cobre, que no puede permitirse paros prolongados ni incidentes que afecten su producción y reputación.

Actualmente, Codelco ha recibido luz verde para reactivar dos sectores: Andes Norte y Diamante, que estaban paralizados aunque no fueron epicentro del colapso. La zona más afectada, Andesita, permanece cerrada y su reapertura dependerá del cumplimiento total de las nuevas exigencias.

Desde el punto de vista operativo, esta exigencia implica una mayor inversión en tecnología, incluyendo sensores avanzados, modelamiento geotécnico y análisis en tiempo real. Aunque representa un desafío, también puede acelerar la digitalización y mejorar la cultura de seguridad, aspectos en los que la minería chilena aún busca estándares globales consistentes.

La tragedia, aunque lamentable, abre una oportunidad para revisar y mejorar los protocolos en minas subterráneas complejas. No se trata solo de cumplir normas, sino de reconstruir la confianza, tanto interna como externa, en una operación minera de clase mundial.

El gobierno chileno ha seguido de cerca la situación y las medidas impuestas por Sernageomin podrían servir como base para futuras reformas en la legislación minera. En el Congreso ya se discuten propuestas para fortalecer la fiscalización y la transparencia en incidentes laborales. Así, El Teniente podría marcar un antes y un después para la minería subterránea en América Latina.