El sector minero en México subraya su importancia crucial dentro del Plan México, resaltando que sin la apertura de nuevas concesiones, las estrategias clave de electromovilidad, energía limpia e industrialización no podrán llevarse a cabo adecuadamente. La falta de permisos y la rigidez de la actual Ley Minera amenazan tanto el abastecimiento de recursos esenciales como la estabilidad del empleo en la industria minera.

El convenio firmado en junio para crear un Comité Educativo de Minería, cuyo objetivo era fortalecer la innovación, la educación dual y promover una minería sustentable, ha sido un paso positivo, pero el sector advierte que sin una reforma a la Ley Minera que permita la expansión de concesiones, no hay una base legal sólida para impulsar nuevas exploraciones. Rubén del Pozo Mendoza, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm), destaca que sin el descubrimiento de nuevos yacimientos, la industria minera actual se agotará, lo que afectaría el suministro de minerales clave necesarios para sectores estratégicos como la energía, la tecnología y el transporte verde.

La limitación de la minería a cielo abierto también representa un gran desafío, ya que afectaría el 59 % del valor de la producción minera y pondría en riesgo hasta un millón de empleos directos e indirectos en estados clave como Sonora, Zacatecas, Coahuila y Durango. Además, la Aimmgm advierte sobre la creciente demanda global de minerales como litio, cobalto y tierras raras, cuya explotación debe triplicarse para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, según la Agencia Internacional de la Energía.

En cuanto a la postura del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no se otorgarán nuevas concesiones, aunque sí se renovarán y ampliarán los permisos existentes, siempre con un enfoque en la mitigación ambiental. Esto incluye evitar prohibir todas las concesiones, con el fin de no afectar a sectores como el de la sal o la arena. Sin embargo, la reforma a la Ley Minera de 2023, que redujo la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y eliminó los derechos preferentes, ha incrementado la percepción de riesgo entre los inversionistas.

Como resultado de las restricciones gubernamentales y la incertidumbre generada, más del 51 % de los proyectos mineros en México están actualmente en pausa. La revocación de concesiones como la de Bacadéhuachi, dedicada al litio, y los bloqueos estatales en lugares como Quintana Roo, reflejan la creciente desconfianza en el sector y los desafíos para asegurar nuevas inversiones.

A pesar de esto, la minería sigue siendo un pilar fundamental para más de 70 industrias en México, incluyendo los sectores automotriz, construcción, energía y tecnología. México posee ventajas significativas como productor de cobre, plata, litio y tierras raras, pero estas ventajas pierden valor si no se establecen condiciones legales claras y se promueve una exploración continua. La transición energética y el nearshoring presentan nuevas oportunidades, pero estas requieren de minerales en grandes volúmenes y de manera sustentable.

Por lo tanto, la minería responsable es clave para mejorar la soberanía, competitividad y el desarrollo económico de México. Invertir en la cadena de valor local, en innovación y en tecnologías limpias es inevitable si el país busca aprovechar las oportunidades del Plan México sin depender de importaciones críticas. Sin embargo, para que este plan sea exitoso, es crucial reformar la Ley Minera, fortalecer la exploración y mejorar el diálogo con las comunidades afectadas, lo que garantizaría tanto el abastecimiento de minerales clave como la creación de empleos a largo plazo.