La minería ilegal continúa expandiéndose en todo el país, no solo por los más de 26,700 mineros informales registrados en el Reinfo, sino también por la creciente cantidad de plantas procesadoras que operan fuera de la ley. Estas instalaciones se han convertido en piezas clave del negocio ilícito, generando ganancias millonarias y operando sin mayor control.
Según el exviceministro de Minas Henry Luna Córdova, existen más de mil plantas ilegales que procesan mineral proveniente de actividades informales e ilegales. Esta infraestructura explicaría, en parte, el volumen de dinero que mueve el sector. “La preocupación principal es que hay más de mil plantas procesadoras ilegales. Esto explicaría los US$8,000 millones que genera la minería ilegal”, declaró a RPP, citando estimaciones de la Confiep.
Estas plantas operan principalmente en regiones como Ica, Apurímac, La Libertad y Piura. Solo en Pataz, La Libertad, se han identificado al menos 52 plantas —entre ilegales e informales— controladas por familias que ocupan concesiones de manera irregular, según el especialista en minería Iván Arenas.
César Ipenza, abogado experto en delitos ambientales, advierte que algunas de estas plantas procesadoras operan bajo la figura de la pequeña minería, pero manejan volúmenes que no se condicen con esa categoría. “Un caso concreto es Laytaruma, que figura entre las principales exportadoras de oro del país, aunque está registrada como pequeña minera”, señaló.
El problema se agrava por la falta de control sobre las “autorizaciones de beneficio” que otorgan los gobiernos regionales. Estas licencias permiten a mineros artesanales procesar su propio mineral, pero en la práctica, muchas plantas no autorizadas terminan lavando oro de origen ilegal, según un estudio del instituto Videnza. “No hay fiscalización sobre cuántas autorizaciones existen ni sobre cómo se usan. Se termina blanqueando oro sin control”, advirtió Ipenza.
Aunque existen alrededor de 300 plantas procesadoras formales en el país, estas también pueden procesar mineral de mineros inscritos en el Reinfo, lo que dificulta aún más la trazabilidad y el control. El vacío legal y la débil supervisión permiten que el sistema se use para legalizar oro extraído de forma ilícita.
En este contexto, el conflicto social no se ha hecho esperar. La Confemin suspendió sus protestas tras el anuncio de una mesa de diálogo con la PCM, en respuesta al rechazo del Decreto Supremo N.º 012-2025, que excluyó a más de 50,000 mineros del Reinfo. Sin embargo, el encuentro más esperado se dará hoy con la presidenta Dina Boluarte. El panorama sigue siendo tenso: bloqueos en varias regiones y una víctima mortal en Arequipa marcan el conflicto. Mientras algunos sectores exigen extender el Reinfo “casi indefinidamente”, expertos como Ipenza y Arenas advierten que el Estado debe hacer respetar la ley y evitar que este proceso se convierta en plataforma electoral más que en una verdadera lucha gremial.
