El gobierno de Ecuador estableció en junio una nueva tasa de inspección minera de US$ 11.50 por hectárea para financiar a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) con un monto anual estimado en US$ 229 millones. Este recurso está destinado a combatir la minería informal e ilegal vinculada con actividades del narcotráfico. Sin embargo, la medida generó rechazo en la industria minera, que presentó un recurso de amparo ante la Corte Constitucional para detener su aplicación.
La Cámara de Minería sostiene que esta tasa funciona prácticamente como un impuesto, lo que pone en riesgo proyectos de exploración, sobre todo de empresas junior, las cuales tendrían que pagar montos superiores al valor de mercado de sus concesiones. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara, advierte que esta medida podría reducir significativamente el atractivo de Ecuador para la inversión minera en la región.
Por su parte, la ministra de Minas, Inés Manzano, se mostró confiada en la audiencia judicial próxima, donde buscará demostrar los beneficios de la medida para financiar el combate a la minería ilegal. Esta actividad ilícita ha aumentado en relevancia y está vinculada a grupos criminales; en mayo, un operativo en la Amazonía terminó con la muerte de 11 soldados tras un ataque en un campamento ilegal.
La resolución del litigio podría tardar hasta dos años, aunque la Cámara de Minería espera frenar la recaudación en pocas semanas. En caso de que la Corte avale la tasa, la carga económica para las mineras exploratorias será inmediata. Sin embargo, una suspensión permitiría discutir tarifas más competitivas, como los US$ 5 por hectárea que aplican países vecinos. Paralelamente, Ecuador busca reactivar la minería legal: en junio reabrió su Registro Nacional de Concesiones tras siete años, iniciando con minería no metálica y proyectando incluir la metálica en 2026.
Aunque la minería aportó más de US$ 1,000 millones al Estado en 2024, representando el 5% de los ingresos públicos, el sector propone una tarifa escalonada según la etapa del proyecto y un diálogo más abierto con el gobierno. Empresas como Salazar Resources calculan que la nueva tasa implicaría un pago diez veces mayor al actual en concesiones existentes. En contraste, el Ejecutivo asegura que estos fondos son clave para mejorar el control ambiental, reducir la minería ilegal y atraer inversiones sostenibles en proyectos de oro y cobre, como el de Cascabel. Este debate refleja el choque entre sostenibilidad, inversión y seguridad, cuyo desenlace definirá el futuro de la minería en Ecuador.
