Chile ha dado un paso clave para reforzar su liderazgo global en cobre y litio. Con una amplia mayoría de 93 votos a favor, el Congreso aprobó una ambiciosa reforma legislativa que busca reducir drásticamente los tiempos de tramitación de permisos en los sectores minero y energético. Esta iniciativa modifica más de 40 normativas sectoriales y solo espera la firma presidencial para convertirse en ley. El gobierno estima que los plazos se reducirán entre un 30 % y 70 %, sin comprometer los estándares ambientales. “Esto permitirá reducir sustancialmente los tiempos, manteniendo nuestro rigor regulatorio”, afirmó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
En un contexto global donde la transición energética impulsa la demanda por cobre y litio, esta reforma representa una oportunidad estratégica para Chile. La medida busca destrabar inversiones millonarias que estaban paralizadas por procesos burocráticos que, en algunos casos, se extendían hasta 12 años. Según Cochilco, Chile aumentará su participación en la producción mundial de cobre del 23.6 % en 2024 al 27.3 % en 2034, y la nueva ley contribuirá a consolidar esa proyección. Desde el sector privado, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) respaldó la iniciativa, aunque pidió avanzar aún más en simplificación y eficiencia.
Antofagasta, región clave para la minería chilena, será una de las principales beneficiadas. La reducción en los tiempos de permisos permitirá acelerar proyectos, mejorar la planificación regional y dar mayor certeza a las inversiones. “Los tiempos más cortos no solo agilizan los proyectos, también aportan certidumbre a la economía”, subrayó Matías Muñoz, secretario regional de Economía.
Uno de los elementos centrales de la reforma es la implementación de la plataforma digital SUPER, una ventanilla única obligatoria para gestionar todos los permisos. Esta herramienta permitirá un seguimiento en tiempo real, interoperabilidad entre instituciones y mayor trazabilidad de los procesos. Asimismo, se creará una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones, encargada de coordinar y modernizar el sistema, reduciendo cuellos de botella y reforzando la confianza de los inversionistas.
A diferencia de otras reformas que han relajado controles ambientales para acelerar inversiones, el gobierno chileno ha reiterado que esta ley no sacrificará los estándares regulatorios. El objetivo es claro: facilitar el desarrollo de los recursos estratégicos del país sin comprometer la institucionalidad ni el desarrollo sustentable. Con esta reforma, Chile busca enviar una señal contundente al mundo: está listo para liderar la nueva era de la minería responsable y de la transición energética global.
