La reciente promulgación del Decreto Supremo que extiende hasta el 31 de diciembre el proceso de formalización minera ha generado una fuerte reacción de diversas instituciones. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación, señalando que esta prórroga favorece el avance del crimen organizado vinculado a la minería informal, debido a los escasos avances del proceso en los últimos años.
Según el pronunciamiento del CAL, la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —vigente desde hace más de una década— ha demostrado ser ineficaz, logrando formalizar apenas al 2,31% de los mineros inscritos. Advirtieron que mantener este mecanismo podría agravar los impactos negativos en comunidades vulnerables, afectar la recaudación fiscal y socavar la gobernabilidad en regiones sensibles a la minería ilegal.
Desde el Colegio sostienen que una parte de la solución pasa por reforzar la fiscalización, especialmente en el control del uso de explosivos y en las plantas de procesamiento de minerales, áreas donde operan grupos delictivos que financian sus actividades a través de la minería ilegal. Además, instaron a construir consensos entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil para crear un marco legal que permita formalizar la minería de pequeña escala, sin despenalizar actividades ilícitas ni debilitar la supervisión sobre el uso de insumos peligrosos como el mercurio.
En paralelo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) se ha movilizado en protesta frente al Congreso, exigiendo que la ampliación del Reinfo se concrete sin nuevos requisitos y demandando la aprobación de la Ley Mape. El gremio rechaza el Decreto Supremo 012-2025-EM, al considerar que limita el acceso al proceso de formalización y establece condiciones que podrían dejar fuera a numerosos pequeños productores mineros.
Confemin sostiene que el artículo 2 del decreto contradice el reglamento vigente, que permitía a los mineros con suspensión del Reinfo levantarla en un plazo de 45 días. Además, denuncian problemas técnicos en el sistema del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que dificultan la reactivación de registros, como demoras de hasta ocho días en la entrega de claves de acceso a la plataforma extranet, lo que imposibilita cumplir los nuevos plazos establecidos.
Finalmente, el gremio exige que se derogue el decreto y que el Congreso retome el debate de la Ley Mape, iniciativa que no logró avanzar por falta de dictamen en la Comisión de Energía y Minas. Como recordó su dirigente Máximo Franco Bequer, si bien esta norma no resolverá todos los problemas del sector, sí representa un paso clave para avanzar hacia una formalización más realista y efectiva.
