En medio de una creciente alarma nacional por el avance de la minería ilegal, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presentó hoy ante el Congreso una estrategia integral para combatir esta problemática. La propuesta se basa en tres pilares fundamentales: la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la promoción de una formalización real y sostenida, y una acción coordinada contra las redes criminales mediante inteligencia y control territorial efectivo.
Arana enfatizó que la minería ilegal representa una de las amenazas más complejas y persistentes para el país, afectando no solo el medio ambiente, sino también la economía y la seguridad nacional. En respuesta, el Ejecutivo ha tomado un rol activo, implementando medidas excepcionales para mitigar el daño ambiental y frenar las actividades ilegales que socavan el desarrollo del sector minero.
La provincia de Pataz, en La Libertad, ha sido seleccionada como área piloto para esta estrategia. Allí, bajo un mando unificado comandado por un general de brigada del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han asumido el control territorial con el objetivo de desarticular las redes vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado. Los resultados preliminares son contundentes, con más de 380 patrullajes realizados, recuperación de miles de explosivos y la instalación de puestos de control en rutas clave hacia las zonas mineras.
Además, se ha implementado por primera vez un sistema de trazabilidad para el oro, que permite monitorear su origen, procesamiento y comercialización. Esta iniciativa es parte de 17 planes conjuntos que involucran a diversas instituciones, incluyendo el Ejército, la Policía, Sunat, Sucamec, Migraciones, Sutran, la Fiscalía del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, entre otros.
Como parte de la reforma, el gobierno ha decidido no otorgar una prórroga general al REINFO, instrumento que originalmente fue creado para facilitar la formalización minera pero que ahora se ha convertido en un refugio para la ilegalidad. Actualmente, más de 65,000 inscripciones están suspendidas y tienen un plazo hasta el 5 de julio para corregir observaciones, mientras que se espera la exclusión definitiva de más de 40,000 registros en todo el país en las próximas semanas.
Finalmente, Arana alertó sobre el enorme impacto económico de la minería ilegal, citando datos de la Unidad de Inteligencia Financiera que indican que entre 2022 y 2025 se reportaron operaciones sospechosas por 2,800 millones de dólares, de los cuales 2,200 millones estarían ligados a esta actividad ilícita. Ante este escenario, hizo un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe con firmeza y celeridad en la lucha contra este flagelo.
