La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) fue formalmente incluida en la legislación peruana con la Ley n° 27651, que entró en vigencia en 2002. Este marco legal acompañó el proceso de descentralización, asignando a los Gobiernos regionales la responsabilidad de la formalización minera. Sin embargo, a pesar de las diversas normativas impulsadas a lo largo de los años, los resultados no han cumplido con las expectativas iniciales. Al 23 de mayo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) muestra que, de 82,166 operadores inscritos, solo 20,684 permanecen activos, mientras que más del 75% están suspendidos. Pero el problema va más allá de los números, como señala José De Echave, exviceministro e investigador de CooperAcción.
El crecimiento acelerado de la MAPE responde a tres factores principales: el aumento en los precios de minerales como el oro, la dificultad para subsistir en otras actividades económicas y una débil capacidad institucional para fiscalizar el territorio. Según De Echave, otro problema fundamental es el acaparamiento de concesiones mineras por grandes empresas, lo que limita las áreas disponibles para los pequeños mineros. Esta situación genera una tensión legítima en el sector: “¿Dónde vamos a trabajar?”, cuestionan.
Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), explica que más del 95% de los mineros en formalización trabajan en terrenos que no son propios, sino concesionados a terceros. Además, la necesidad de acreditar un contrato de explotación limita la formalización, y cerca de 25,000 mineros operan en concesiones extinguidas, quedando fuera de cualquier procedimiento legal. Franco Bequer propone que la ley incluya el derecho de servidumbre para estos trabajadores, dado que muchos laboran en denuncios abandonados, enfatizando que el recurso natural pertenece al Estado.
De acuerdo con CooperAcción, hay 21 millones de hectáreas concesionadas en zonas geológicamente ricas. De Echave insiste en la urgencia de revisar la política de concesiones para liberar territorios. Sobre este tema, y el balance general del proceso de formalización, se intentó obtener la versión del director general de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo, pero su entrevista fue cancelada de último momento.
El ordenamiento territorial aparece como una solución clave para ordenar el crecimiento descontrolado de la MAPE. William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, explica que la falta de planificación provoca superposición de concesiones mineras y derechos sobre recursos naturales, afectando ecosistemas frágiles, especialmente en la Amazonía. Allí, Ingemmet otorgó más de 500 concesiones entre 2020 y 2024, muchas en áreas sensibles. Además, la minería ilegal ha causado la deforestación de miles de hectáreas en ríos como el Cenepa y el Marañón, según denuncias del Gobierno Territorial Autónomo Awajún.
Pese a la gravedad del problema, las voces indígenas están ausentes en las mesas de trabajo para la ley MAPE, impulsada por la Comisión de Energía y Minas y su presidente, Paul Gutiérrez. La ley busca reemplazar el Reinfo, considerado un manto de impunidad, pero la discusión anunciada para finales de mayo no se llevó a cabo. La demora y falta de consenso reflejan la complejidad y los intereses contrapuestos en juego.
El Ministerio de Energía y Minas presentó aportes al grupo de trabajo para la nueva ley, que incluyen trazabilidad, beneficios tributarios y programas de comercialización, pero la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aclaró que no comparte todos esos consensos. Según De Echave, el tiempo para aprobar la norma es escaso y probablemente se extenderá el Reinfo, dada la débil autoridad del Minem y la baja popularidad del gobierno actual.
En cambio, Máximo Franco Bequer confía en que la ley MAPE pueda aprobarse antes de que termine la legislatura, aunque no descarta la movilización social si es necesario. Entre sus propuestas están incluir el derecho de servidumbre, rutas de comercialización de oro, reconocimiento de la participación femenina en la selección manual de minerales y el uso del Banco de la Nación para trazabilidad financiera. Por su parte, expertos coinciden en la necesidad de revisar la política de concesiones, mejorar la comercialización y trazabilidad del oro, promover el ordenamiento territorial y fortalecer los controles ambientales.
