Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió a pocas horas del inicio del debate del predictamen de la nueva Ley de Pequeña y Mediana Minería (Ley MAPE) que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estaría usando la propuesta de compra de oro a mineros formalizados como una maniobra para favorecer, en realidad, a la minería ilegal e informal. Según Gálvez, el verdadero objetivo sería crear una vía rápida de formalización que permitiría legitimar oro de origen ilícito.
El documento enviado por el Minem plantea que el Estado compre oro únicamente a quienes estén formalizados. Sin embargo, para la SNMPE, esto no busca fortalecer a la minería formal, sino legalizar de manera exprés a actores fuera del marco legal. Gálvez enfatizó que la minería formal no necesita del Banco de la Nación ni del Banco Central de Reserva para colocar su producción, por lo que considera que esta medida solo serviría para habilitar un mecanismo de lavado de activos.
La preocupación del gremio fue expresada recientemente por su directora ejecutiva, Ángela Grossheim, quien alertó que el predictamen de la Ley MAPE tiene como trasfondo legalizar a mineros informales e ilegales. Según Gálvez, de aplicarse esta iniciativa, el Estado terminaría comprando oro sin trazabilidad, extraído de concesiones invadidas y sin ningún tipo de contrato legal.
En el propio documento del Minem se admite que existen visiones encontradas respecto al rol del Estado. Mientras que la SNMPE insiste en que este debe limitarse a facilitar la comercialización, los gremios de la MAPE quieren que el Estado sea un comprador directo, argumentando que así se garantizaría una demanda estable y precios justos para el mineral extraído por pequeños mineros.
La propuesta de permitir la compra de oro por parte del Banco de la Nación no es nueva. En febrero, el gremio de mineros informales, Confemin, planteó que esta disposición se incluya en la nueva ley. Según ellos, con esta medida podrían ingresar al mercado legal hasta US$ 6 mil millones anuales en oro, cifra que podría duplicarse en 2025, según estimaciones de expertos.
Ya existen tres iniciativas legislativas que buscan autorizar al Banco de la Nación para que compre oro directamente a mineros informales. Estas han sido impulsadas por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Eduardo Salhuana (APP) y Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú), reflejando un respaldo congresal significativo a esta política.
Este viernes se dará inicio al debate del predictamen de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, liderada por el congresista Paul Gutiérrez. Ante ello, la SNMPE ha enviado una carta expresando su preocupación por lo que consideran un grave riesgo para la economía nacional. Además de una posible legalización exprés, advierten que el texto abre la puerta a revertir concesiones mineras, lo que beneficiaría directamente a la minería ilegal.
La principal objeción se centra en el artículo 4.2 del predictamen, el cual redefine los conceptos de minería informal e ilegal. Para la SNMPE, estas modificaciones debilitan el marco legal actual. El inciso “b” permitiría considerar como informales a quienes ni siquiera han iniciado trámites de formalización, y el inciso “c” restringe la definición de minería ilegal a actividades en zonas excluidas, dejando fuera muchas operaciones actualmente sancionables.
En medio de este contexto, la bancada de Acción Popular aún no logra reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro Rómulo Mucho, tras la polémica por la inclusión del Reinfo hereditario en un decreto supremo que extiende dicho registro hasta diciembre. Por su parte, la congresista Ruth Luque ha presentado una denuncia constitucional contra Mucho y la presidenta Dina Boluarte, solicitando su inhabilitación por diez años. El ministro ha anunciado una corrección al decreto para limitar su vigencia, mientras el Congreso vive una pugna interna, con al menos cuatro bancadas que incluyen congresistas vinculados a la minería informal.
