La empresa Calica, filial en México de Vulcan Materials Company, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso legal que mantiene con el gobierno federal para definir si puede reanudar la extracción de material pétreo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde 2022, sus operaciones están suspendidas tras la clausura ordenada por la Profepa y la declaratoria de Área Natural Protegida sobre las 2,400 hectáreas que ocupa la empresa.

Vulcan Materials sostiene que su actividad ha tenido un impacto positivo en la economía local, con inversiones por 300 millones de dólares y la generación de más de 350 empleos directos en Solidaridad y Cozumel. Además, administraba el muelle de Punta Venado, clave para exportar piedra caliza a Estados Unidos, que constituye el principal mercado de su producción.

La compañía ya enfrentó una clausura en 2017 por presuntas irregularidades ambientales, y en 2022 fue nuevamente sancionada. En respuesta, interpuso varios amparos que fueron rechazados, por lo que ahora busca que la Suprema Corte intervenga. Si el máximo tribunal acepta atraer el caso, la Primera Sala sería la encargada de resolverlo.

El conflicto pone de relieve el debate en torno a la minería y el medio ambiente en México. Mientras sectores empresariales defienden la importancia de proyectos como el de Calica para el desarrollo económico, organizaciones civiles advierten sobre los riesgos ecológicos de mantener actividades extractivas en zonas sensibles.

Finalmente, más allá del caso concreto, este litigio evidencia la necesidad de contar con reglas claras que permitan equilibrar la inversión privada y la protección ambiental, garantizando certidumbre jurídica tanto para los inversionistas como para las comunidades afectadas.