Para jueza, empresas incluidas en “club de la construcción” serían organización criminal

en: Construcción/Noticias

La jueza María de los Ángeles Álvarez declaró fundado el pedido del fiscal Germán Juárez que solicitaba incorporar a 16 empresas como investigadas en el proceso penal por el caso “club de la construcción”.

Pero ¿qué señala Álvarez en su resolución? De acuerdo al documento al que accedió Gestión, la magistrada afirma que las 16 empresas investigadas serían una presunta organización criminal.

“Los elementos (entregados por la Fiscalía) versan sobre la presunta existencia de la organización criminal, sus componentes (interacción entre estos), acuerdos abordados, finalidades, entre otros; detallando los que a nuestro criterio han resultado relevantes atendiendo a la naturaleza”, se lee en la resolución.

La jueza añade que esta presunta organización criminal “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional (Ministerio de Transportes)”.

Afirma que todo ello se sustenta en los elementos de convicción entregados por el fiscal Germán Juárez.

Para Álvarez, está comprobado que hubo ilícitos en 25 licitaciones y concursos públicos en las que participaron las constructoras indagadas.

¿Cuáles son los delitos?

En el fallo, Álvarez sostiene que las empresas Obrainsa, Iccgsa, CASA, Cosapi, GyM S.A., Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez , Mota Engil S.A., Superconcreto del Perú S.A., Energoprojekt Perú, Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Perú y Constructores deben ser investigadas por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho.

En tanto, Grupo Plaza S.A. y Mineros Contratistas Generales S.A.C. solo serán indagas por presunta asociación ilícita para delinquir.

En Corto

Lo que se viene. La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato espera que las empresas incluidas en la investigación se acojan a la Ley 30737 que asegura el pago de la reparación civil. De lo contrario, evaluarán solicitar medidas cautelares para evitar que sigan contratando con el Estado.


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