Luego de ocho días del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa, el conflicto social registrado en la provincia de Islay alcanzó ayer su nivel más crítico en lo que va del año. Dos enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron cinco agentes heridos.
A las 9 a.m., un contingente de 450 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y Unidad de Servicios Especiales (USE) despejó, tras un violento enfrentamiento, el tramo de la carretera Panamericana Sur, a la altura de El Fiscal, que estaba ocupado por pobladores del Valle de Tambo desde el último jueves.
Una situación similar sucedió en el sector de Ventillata, ubicado al ingreso del distrito de Cocachacra. Los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para despejar la carretera que une las ciudades de Arequipa y Moquegua. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y se reportaron varios casos de intoxicación por la inhalación de los gases. Al inicio, el Ministerio del Interior reportó tres agentes heridos. En la tarde, la fiscalía actualizó la cifra a cinco. No hubo civiles heridos, según la Defensoría del Pueblo, que recorrió establecimientos de salud de la zona. No hubo detenidos. La pena por bloquear vías es de hasta ocho años.
Ambas operaciones fueron cuestionadas por el alcalde de Cocachacra, Juan Cornejo, quien criticó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no acudiera a Valle de Tambo a dialogar con la población.
—En detalle—
Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 17 y 19 de julio, el 41% de peruanos están informados sobre el proyecto Tía María, 17 puntos porcentuales más de lo registrado en junio. El conocimiento es mayor en Lima Metropolitana y el sur, donde alcanza el 48% y el 46%, respectivamente.
Si bien el 48% admite que el proyecto, a cargo de Southern Perú, es beneficioso para el país [ver infografía], las simpatías en torno a su ejecución aún se muestran divididas. El 48% de los que conocen sobre Tía María están definitiva y parcialmente a favor, mientras que otro 47% están en contra. El rechazo a su ejecución registra su punto más alto en la zona sur, donde bordea el 68%.
(El Comercio – Ipsos)
Uno de los principales temas de preocupación para los encuestados es la disponibilidad de agua en el área. El 65% señala que aprobaría el proyecto si le aseguran que utilizará agua de mar y no la proveniente de la zona agrícola. Este punto fue garantizado por la empresa en su estudio de impacto ambiental, aprobado en el 2014.
La encuesta revela también que el 50% de las personas informadas sobre el proyecto considera que el Ministerio de Agricultura (Minagri) es la institución que generaría más confianza en la población local para el correcto manejo de la operación minera y la relación con las comunidades. Le sigue el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con el 40%.
(El Comercio – Ipsos)
—Retos por delante—
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señala que el diálogo y una campaña intensa de información serán aspectos claves para la implementación del proyecto.
“La gran preocupación tiene que ver con el uso del agua. La empresa se ha comprometido en utilizar agua desalinizada. En la medida que se despejen estas dudas, tendremos una posibilidad interesante de apoyo”, opina.
El ejecutivo añade que, además de la importancia económica de Tía María –valorizado en US$1.400 millones–, el proyecto debe generar confianza para el desarrollo de las inversiones mineras.
“La otra dimensión, no menos relevante, tiene que ver con la necesidad de enviar una señal de que el Perú es un país que acoge la inversión minera para que pueda desarrollarse con estricto apego a los estándares medioambientales más exigentes”, sostiene.
Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la generación de confianza será importante para la resolución del conflicto social.
“Hay una gran paradoja. Existe cierto rechazo [al proyecto] cuando ves el agregado nacional, pero al mismo tiempo consideran que es bueno para el país. Eso se supera precisamente generando confianza en que se va a llevar a cabo lo aprobado”, dice.
El especialista añade que el Gobierno debería brindar una vocería y presencia activa en la zona del conflicto a instituciones como el Minagri. Asimismo, debería confrontar a los opositores políticos, como el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres.