Vie. Abr 23rd, 2021

La incertidumbre sobre la recuperación económica causada por la COVID-19 ha generado un contexto de máximos históricos en los precios de minerales como el oro, plata, cobre y hierro; tendencia que podría mantenerse en los siguientes meses.

Esta coyuntura ha despertado el interés de inversionistas que tradicionalmente generaban rentabilidad con portafolios en empresas productoras o incluso no involucrados en minería, destinando ahora también recursos a empresas con proyectos en fases tempranas (juniors). Ello sucede después de un largo periodo en el cual resultaba muy difícil atraer inversiones y acceder a capital de trabajo para exploración minera. Ejemplo de ello es que, en nuestro país, hemos visto un listado de acciones en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL (Pucará Gold), el primero desde setiembre de 2018.

Sin embargo, este nuevo superciclo de inversión ha tomado a nuestro país por sorpresa, sin que ofrezcamos una cartera de proyectos sólidos, lo que nos pone en desventaja frente a nuestros tradicionales competidores y resta sostenibilidad a la tan ansiada reactivación económica.

Al respecto, la última Encuesta Minera 2020 del Instituto Fraser refleja una percepción negativa que durante los últimos años ha venido acrecentándose en los agentes que participan en el sector, descendiendo diez posiciones en el ranking mundial sobre atractivo de inversión (34/77) y pasando al puesto al cuarto lugar en América Latina después de Colombia, Chile, y la provincia argentina de Salta.

Además, lo más preocupante de la referida encuesta ha sido la percepción sobre nuestro potencial geológico, aspecto que años anteriores era nuestro principal fuerte. En efecto, el puntaje en ese ámbito ha decrecido de 80.56 puntos a 67.24, lo cual se debe principalmente a la reducción drástica de la ejecución de proyectos de exploración.

Ahora, no todo es negativo. En cuanto a la percepción de nuestra regulación, la puntuación ha mejorado de 67.02 a 75.16, advirtiendo una menor preocupación sobre aspectos como incertidumbres sobre regulaciones ambientales (-33 puntos), incertidumbre en la administración y aplicación de las regulaciones existentes (-21 puntos), y duplicidad e inconsistencias regulatorias (-21 puntos).

Sin embargo, en ese último aspecto aún nos encontramos por debajo de Chile y las provincias argentinas de Salta, Santa Cruz y Río Negro. Especial atención merece el comentario referido a que “las inconsistencias regulatorias hacen que la gestión de permisos de exploración sea interminable”.

Por ello, los esfuerzos gubernamentales aún terminan siendo insuficientes si lo que se pretende es revertir la percepción de los inversionistas. Es, pues, una tarea pendiente promover una cultura de confianza a través de, por ejemplo, aprobaciones automáticas en el caso de proyectos de bajo impacto.

Finalmente, es innegable que nada será posible si no se invierte en capital político. Urge que nuestros gobernantes asuman un rol de liderazgo que asegure el destrabe de proyectos (bajo estándares ambientales y sociales) y reconozcan el efecto dinamizador de las inversiones mineras.

Miguel Ángel Soto – Asociado Principal en Rubio Leguía Normand

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