PROPUESTAS. Las menciones que los planes de gobierno hacen de la minería son bastante escasas. Quizás se deba a la imagen negativa que este sector tiene en amplios grupos poblacionales, producto de años de campañas opositoras –que han logrado paralizar megaproyectos como Conga y Tía María– y de una actitud digna de Poncio Pilatos de los últimos gobiernos. Así que los candidatos presidenciales han optado por pasar por alto cualquier intento de proponer alguna política minera que les pudiese restar intención de voto.
Los candidatos suelen señalar que convocaron expertos, pero parece que se trató de especialistas en retórica. Los planes están compuestos por enunciados de buenas intenciones, pero lo que brilla por su ausencia es el cómo y el cuándo. Por ejemplo, uno asegura que su eventual Gobierno fomentará “la minería sostenible y responsable, sea pequeña, mediana o grande”. El candidato respectivo ha agregado que en el caso de la minería informal en Puno –en realidad es ilegal y también depreda en Madre de Dios–, la formalizará “en tiempo récord”. Nada como anunciar una fecha lo más imprecisa posible para sacudirse de preguntas incómodas.
Otro plan, ubicado a la izquierda del anterior, propone impulsar medidas y legislación específica para que los proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, pesca, forestal, etcétera), “generen beneficios económicos para el país y los entornos poblacionales, respetando estrictamente sus derechos y el ambiente”. Pero el canon está vigente para minería e hidrocarburos desde hace décadas y los responsables de administrarlo y generar bienestar no son las empresas ni el Gobierno nacional sino municipios y gobiernos regionales.
Si los beneficios económicos de la extracción de recursos naturales no llegan a las poblaciones, está claro quiénes tienen que rendir cuentas. Hay numerosos casos de distritos que reciben canon y no cuentan con agua potable ni calles pavimentadas. El gran problema no está en la falta de presupuesto sino en el mal manejo de los recursos fiscales. Aparte, la legislación ambiental, tanto para minería e hidrocarburos, como para pesca y forestería, es bastante estricta, de modo que ya hay legislación específica. En general, los planes de gobierno vinculan la minería con la política ambiental, lo cual sí es destacable.
Lo que preocupa es que se percibe la intención de comenzar desde cero. Por ejemplo, no se señala si se continuará con el trabajo de la mesa ejecutiva minero-energética, ni si se intentará que el país vuelva a ser atractivo para la inversión minera.
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