La liquidación de Doe Run ingresa este año a su recta final, luego de una década de ansiedad para los acreedores y la ciudad de La Oroya, que ha visto decaer a su población en ese tiempo.

Carrizales Infraestructura, el nuevo liquidador concursal, se ha propuesto poner fin a esta historia, ya sea transfiriendo los activos de la minerometalúrgica o parcelándolos para su venta. Algo que podría suceder con el Complejo Metalúrgico de La Oroya(CMLO), si no logra ser adjudicado en la fecha prevista.

En efecto, Carrizales ha propuesto adjudicar este activo a los trabajadores metalúrgicos a más tardar el 31 de abril, y vender Cobriza el 31 de julio, de tal manera que Doe Run dejaría de existir, oficialmente, el último día del año. Sin embargo, este planteamiento tiene sus bemoles.

El principal tiene que ver con la viabilidad de la adjudicación del CMLO a los trabajadores minero-metalúrgicos. La pregunta de fondo es si estos cuentan con el respaldo de inversionistas capaces de aportar los US$110 millones que costará reactivar los circuitos de plomo y zinc. Lo visto en el último año obliga a responder que no.

¿ESTRATAGEMA LABORAL?
Entre mayo y setiembre de 2018, los acreedores laborales tuvieron la opción de adjudicarse el CMLO y Cobriza, mediante una combinación de canje de acreencias y aportes de socios inversionistas.

Sin embargo, el socio seleccionado por ellos, Samsel Group, resultó siendo un fiasco, pues jamás pudo acreditar que disponía de crédito. No obstante, los operadores metalúrgicos persistieron en respaldarlo durante largos meses.

La explicación de este proceder, según algunos acreedores, es que los trabajadores estuvieron dilatando el proceso para acumular créditos corrientes impagos.