Días claves para Tía María: los procesos pendientes sobre el proyecto minero en Arequipa

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Exactamente una semana después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso, y el mismo día en que un grupo reducido protestaba contra esta decisión en el Parque Universitario, el Consejo de Minería (CM) realizaba la audiencia final del proceso que decidirá el futuro del proyecto minero Tía María, en Arequipa.

El consejo, un ente autónomo pero adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), escuchaba esa mañana del 7 de octubre a las partes: la empresa Southern Perú, el Gobierno Regional de Arequipa, el Frente de Defensa de Chucarapi y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Los tres últimos habían presentado –cada uno por separado– un recurso de revisión ante esta instancia para que se anule el documento del Ejecutivo que autorizó la construcción del proyecto.

La audiencia en el Consejo de Minería se realizó el pasado 7 de octubre.
La audiencia en el Consejo de Minería se realizó el pasado 7 de octubre.

—La Resolución N° 328—

En los años recientes, Tía María ha sido escenario de conflictos sociales que entre el 2011 y el 2015 dejaron siete muertos. Sin embargo, la controversia tomó fuerza nuevamente el 8 de julio pasado, cuando la Dirección General de Minería (DGM) del Minem otorgó –a través de la Resolución N° 328-2019– la autorización a Southern Perú para que inicie las obras en el área destinada en los distritos de Mejía y Cocachacra, provincia de Islay.

Para sustentar su decisión, la DGM utilizó el Informe Técnico N° 183, realizado por su Dirección Técnica Minera (DTM) y publicado también el 8 de julio. Es decir, tanto la resolución como el informe sustentatorio fueron emitidos el mismo día. Este hecho fue cuestionado por un posible apresuramiento del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto. Southern reiteró su compromiso de no construir nada hasta “lograr un contexto social más favorable”.

Sin embargo, las aguas ya estaban movidas en el Valle de Tambo. Un grupo de agricultores y habitantes de Islay –liderados por el gobernador Elmer Cáceres Llica– protestó bloqueando vías. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir.

En ese contexto, entre los días 19 y 31 de julio, el gobierno regional, el Frente de Defensa de Chucarapi y la junta de usuarios del valle interpusieron sus recursos de revisión ante el Consejo de Minería, a fin de que esta instancia –la última en la vía administrativa– suspenda la ejecución de la Resolución N° 328 de la DGM del Minem y, por ende, la autorización para construir el proyecto minero.

Un paréntesis: en esas fechas, el 24 de julio, el presidente Vizcarra se reunió en Arequipa con Cáceres Llica y otras autoridades locales para ver el Caso Tía María. En un audio difundido luego, se escuchó al mandatario decir: “Lo que hay que hacer es revertirlo, revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador […] Busquemos una solución”.

El 4 de octubre, el gobierno regional anuló parcialmente una resolución previa que declaraba improcedente la servidumbre otorgada a Southern en un área de 49 hectáreas
El 4 de octubre, el gobierno regional anuló parcialmente una resolución previa que declaraba improcedente la servidumbre otorgada a Southern en un área de 49 hectáreas

—Los recursos de revisión—

Tras admitir los tres recursos de revisión, el Consejo de Minería resolvió el 8 de agosto –mediante el Auto de Sala N° 14– suspender la Resolución N° 328, debido a que el conflicto social había escalado y “existía riesgo de pérdida de vidas humanas” en la zona. Esta decisión tendrá vigencia hasta que la instancia emita su pronunciamiento final sobre los casos.

Así llegó la audiencia oral programada para la mañana del 7 de octubre. El consejo otorgó 15 minutos a cada una de las partes para que argumentaran su recurso de revisión.

Por el gobierno regional habló el abogado Walter Paz, quien explicó tres puntos específicos: que Southern había perdido derechos para la servidumbre en 49 hectáreas del terreno destinado al proyecto [ver nota vinculada]; que había una superposición entre algunas zonas de uso minero (canteras) con el Ecosistema Frágil N° 32 de las Lomas de Cachendo, aprobado en el 2018 por el Serfor, que constituye un “área prioritaria” para la conservación; y que “no existe autorización para el uso de agua de mar” en la operación minera.

En el caso de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, su abogado cuestionó –entre otros puntos– que la Resolución N° 328 y el informe técnico que la sustentaba se hubieran expedido el mismo día (8 de julio), lo que consideró “físicamente imposible”. Además, recordó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops) realizó 138 observaciones al primer estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, por lo que este era “inviable”, ya que a la fecha no hay “otro órgano internacional que diga lo contrario”.

El Consejo de Minería tiene hasta el próximo 29 de octubre para decidir sobre los tres recursos, con lo cual se verá si procede la autorización de la construcción.

—Más procesos pendientes—

Renzo Carrasco, abogado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano designado por Southern para llevar el proceso ante el consejo, reiteró a El Comercio los puntos de la defensa que realizó esa mañana: que no existe tal superposición entre el ecosistema frágil y las áreas del proyecto minero, debido a que este se instalará en “una zona alejada de las Lomas de Cachendo”; que no era requisito presentar un estudio hidrogeológico para obtener la autorización de construcción porque este forma parte del EIA; y que la tramitación de la resolución y el informe técnico tengan la misma fecha “no es nada raro” porque el segundo sustenta a la primera.

La empresa minera también ha optado por la vía judicial: primero, presentó un acción de amparo contra el Consejo de Minería para que se anulen los tres recursos de revisión porque “constituyen un ejercicio abusivo del derecho de petición”, el cual ha sido derivado a Lima por un juzgado de Arequipa. Asimismo, hay otra acción de amparo y una demanda penal presentada por el caso de la servidumbre que busca anular el gobierno regional arequipeño.

EC


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