Acuerdos gobierno a gobierno: pros y contras del mayor uso de este esquema para inversión pública

en: Construcción/Noticias

La ministra de Economía y Finanzas, Maria Antonieta Alva, ha anunciado que, con la finalidad de promover la inversión pública, se dictarán medidas que crean modelos especiales para los proyectos de inversión pública. Algunas se encuentran en un decreto de urgencia aprobado en Consejo de Ministros y que está pendiente de publicación.

La norma busca replicar el esquema de los Juegos Panamericanos, lo que incluye la firma de acuerdos gobierno a gobierno para ejecución de obras.

“Yo tengo inquietudes sobre este mecanismo. Creo que para situaciones muy particulares, puede tener sentido, como ocurrió con los Juegos Panamericanos. Pero como un mecanismo sistémico a usar, lo veo deficiente y hasta preocupante”, considera José Luis Guasch, ex jefe de Expertos Globales en Asociaciones Público-Privadas (APP) del Banco Mundial.

Un acuerdo gobierno a gobierno, explica Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de ProInversión, es un esquema donde el gobierno de Perú traslada sus obligaciones a un gobierno extranjero sujeto a una cláusula de responsabilidad limitada.

“Eso permite que el gobierno extranjero contrate directamente a consultores internacionales siguiendo sus reglas de contratación y además, hacerlo en ese esquema, protege a sus contratistas de potenciales arbitrariedades del gobierno de Perú”, explica.

Este mecanismo tiene un costo. En el caso de los Panamericanos, según difundió Copal, fue de S/ 210 millones, lo que incluyó el costo de contratar la PMO.

-Precisiones-

Si bien este mecanismo permitió que se cumplieran los plazos de las obras de infraestructura para los Juegos Panamericanos, correa considera que “la problemática de los Juegos era radicalmente diferente a los proyectos de inversión”.

Guasch señala que adoptar con mucha frecuencia los acuerdos de gobierno a gobierno sería como “tirar la toalla” en el desarrollo de programas de APP en el país.

“Al hacer proyectos bajo esa modalidad, se están perdiendo muchos beneficios de las APP como la transferencia de riesgos o la internalización del mantenimiento y rehabilitación de las obras. En el caso de los acuerdos de gobierno a gobierno, se termina la obra y concluye la relación entre ambos”, indica.

“Se podría hacer una especie de APP brownfield. Es decir, se construye la obra y luego se concesiona, pero solo la operación y mantenimiento no resulta muy atractivo en ese contexto”, explica.

Tanto Guasch como Correa coinciden en que lo fundamental en caso se adopte el mecanismo de gobierno a gobierno es que esté debidamente justificado y sustentado.

“Si se avanza hacia este esquema, al menos exigiría criterios claro y lo usaría como un mecanismo excepcional bajo ciertas condiciones”, opina Guasch.

Gestión


Déjanos tu opinión!